La Audiencia de Valencia considera nulos los autos de registro al basarse en pesquisas realizadas dos años antes | La Policía intervino a los procesados 21 kilos de cocaína en sus domicilios en Valencia y San Antonio de Benagéber
La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a dos presuntos traficantes de cocaína, a los que la Policía intervino 21 kilos de cocaína, al considerar nulos los autos judiciales que ordenaron la entrada y registro de sus domicilios en Valencia y San Antonio de Benagéber.
Miguel Gerardo R. M. y Julián D. F., de nacionalidades mexicana y colombiana, se enfrentaban a sendas penas de cinco años de prisión y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, pero sus abogados pidieron la nulidad del proceso al considerar que la orden de registro estuvo motivada en pesquisas policiales realizadas dos años antes.
En marzo de 2017, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reanudaron la investigación y arrestaron a dos presuntos miembros de la banda en San Antonio de Benagéber y Valencia, donde intervinieron 21 kilos de cocaína de gran pureza en los registros de los domicilios de los presuntos narcotraficantes.
Pero la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia, que recoge y hace propia la doctrina jurisprudencial, afirma que los autos de entrada y registro dictados por el Juzgado de Instrucción Central número 1 de Madrid «se basaron en unos hechos que tuvieron lugar más de dos años atrás, en unas intervenciones telefónicas que datan de un período de tiempo superior al año anterior, y en una frase sesgada de una conversación aislada y de la que no se deduce actuación criminal concreta alguna».
La Fiscalía de Valencia tiene una plazo de cinco días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los dos procesados se encuentran en libertad y se acogieron a su derecho a no declarar en el juicio celebrado el pasado 31 de marzo en Valencia. Los abogados Emilio Pérez Mora y Javier Ruíz Blay, que representan a los presuntos narcotraficantes, manifestaron su satisfacción tras conocer que el tibunal había reconocido los principales argumentos de las defensas.
Según las investigaciones policiales, Miguel Gerardo R. aprovechó un envío de un cargamento de 21.600 kilos de cacao para introducir un alijo de cocaína en Valencia en 2016, mientras que Julián D. era el encargado de distribuir la droga al menudeo. La Policía vigiló a los dos hombres y averiguó que Miguel Gerardo iba a reunirse en un restaurante de Madrid con el narcotraficante Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como el Mono Muñoz, considerado el enlace en Europa del cárter mexicano de Los Zetas.
Pero las escuchas telefónicas autorizadas por un juez desvelaron la supuesta conspiración para asesinar a la fiscal mexicana, lo que precipitó la detención del narcotraficante que había dado la orden: el Mono Muñoz. La conversación fue grabada por la Policía el 4 de marzo de 2016 a pesar de que el narco investigado tenía un sistema de encriptación para proteger sus comunicaciones.
Los agentes antidroga de la Policía Nacional decidieron entonces arrestar al narcotraficante y alertaron a las autoridades mexicanas para que la fiscal no corriera ningún peligro, aunque para ello tuvieran que retrasar la investigación a una banda que introducía alijos de cocaína en el Puerto de Valencia.
Un año después, los agentes de la UDEF retomaron las pesquisas, solicitaron autorización judicial para registrar las casas de los presuntos marcos y los detuvieron por un delito contra la salud pública.
Julián tiró por la ventana dos cojines cuando la Policía irrumpió en su casa en Valencia, pero un agente los recogió en la calle y luego comprobó que estaban rellenos de droga y dinero. Los policías se incautaron de 1.200 gramos de cocaína y 6.500 euros en el registro de la vivienda del acusado. En el domicilio de Miguel Gerardo en San Antonio de Benagéber, los agentes intervinieron 20 kilogramos de cocaína y 12.900 euros.
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Publicado 08/04/2021 – (c) Las Provincias