El juzgado ha cerrado la investigación del call center, el amaño del centro telefónico de consultas de la Diputación a favor de la empresa Servimun. Se trata de la única causa que no partió de la denuncia y los audios que Rosa Pérez, diputada de EU, llevó a la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación Provincial Alfonso Rus y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula‘.
El auto, que equivale al procesamiento de otro tipo de procedimientos, supone el final de la investigación y da traslado al fiscal para que califique los hechos y pida la apertura de juicio. En apenas un mes, Instrucción 18 ha terminado con dos procedimientos, este y el de Thematica, al empresa del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Todo apunta a que se mantendrá esta velocidad para el resto de piezas.
Las pesquisas se concentraron, de entrada, en el arreglo de la adjudicación del contrato a la empresa Servimun, dirigida por Fernando José Palomares con quien el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, mantenía relaciones profesionales. De hecho, aunque en un principio afirmó que no conocía a López, finalmente rectificó y aseguró que era comercial de su empresa. Una forma de justificar los casi 200.000 euros que se embolsó el suegro por su supuesto trabajo. En cambio, la UCO sostiene que es el pago de comisiones por la gestión que hizo en Imelsa a cambio de que se amañara el contrato del centro de atención telefónica, un negocio de dos millones de euros.
Un informe de Divalterra ratifica el trato de favor que se dio a esta mercantil. No ampliaron el horario de trabajo en una hora, no atendieron los sábados tal y como prometieron ni contrataron a un ingeniero de comunicaciones que debía ser el encargado de dar el soporte técnico en caso de problemas. La ristra de irregularidades continúa con la no contratación de un community manager y el olvido de las campañas de divulgación que debían impulsar. Además, Imelsa abonó los gastos de material pese a que debían correr a cargo de Servimun.
Los datos sobre las llamadas que recibió el servicio del call center son especialmente significativas. De las más de 100.000 horas que debían atender el teléfono, al final del contrato, la suma apenas supera las 30.000. Como consecuencia de este descenso en la disposición laboral, la lista de llamadas atendidas decreció notablemente. De nuevo, las estadísticas muestran el deficiente servicio de la empresa para la que supuestamente intermediaba el suegro de Benavent. El call center recibió 269.000 consultas, pero sólo dio respuesta a 169.000.
Junto a Rus, el instructor dirige el procedimiento contra el que fuera gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, dos funcionarios de la Diputación, dos empresarios y la esposa y la cuñada de uno de ellos.
En cambio, acuerda el sobreseimiento libre para un investigado que ya ha fallecido y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para el ex diputado provincial Rafael Pérez, en su caso porque no consta que fuera consciente del fraude, entre otras razones.
El auto, que puede ser recurrido en reforma y subsidiarimente en apelación, declara concluida la investigación y da un plazo de veinte días a la Fiscalía para que solicite el sobreseimiento, la apertura de juicio oral o la práctica de nuevas diligencias.
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Publicado 25/03/2021 – (c) Las Provincias